Por: Gissela Casillas –
Derivado de la suspensión de labores que encabeza un importante número de trabajadores del Poder Judicial en México desde el pasado lunes 19 de agosto, la Secretaría de Hacienda aseguró que se trata de una interrupción ilegal, pues no cumple con los requisitos administrativos ni legales para llevarse a cabo.
A través de un documento oficial dirigido a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial, la mencionada dependencia federal aseguró que, de continuarse con este paro que implica el cese de actividades laborales desde hace casi una semana, se tomarán las acciones legales y administrativas correspondientes.
Tales medidas podrían contemplar desde el cese de pagos por los días no trabajados, despidos, denuncias o inhabilitaciones laborales para quienes insistan en participar.
Los organizadores del paro intentaron respaldarse con un documento dirigido al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos que no tiene relación alguna con asuntos de paros o huelgas laborales, sin embargo, a quien debieron dirigirse y notificar era al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Cabe señalar que el Consejo de la Judicatura estaría obligado a pagar salarios siempre y cuando el personal cumpla con su desempeño y actividades, pero derivado de lasmencionadas irregularidades, los trabajadores participantes en el paro están incurriendo en inasistencias injustificadas.
Finalmente, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, cualquier servidor público inconforme puede declararse en huelga, sin embargo, previamente debe realizarse una asamblea, posteriormente un pliego petitorio, la petición de una Solicitud de Huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debe correr un periodo de 10 días para buscar conciliación y 72 horas posteriores, el Tribunal establecerá si la huelga es legal o no.
El paro realizado por el Poder Judicial carece de estas características de gran relevancia administrativa, por lo que no tiene formalidad y credibilidad, y lo convierte en un hecho oficialmente ilegal.
