Su delito: luchar por la paz

Punto de vista

Nicolás Dávila Peralta

El domingo 20 de octubre fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cuando se dirigía a uno de los templos de su parroquia. El clérigo, que fue balaceado por un sujeto con el rostro cubierto que viajaba en una motocicleta, se distinguió por su defensa de los derechos indígenas, su denuncia de los grupos del crimen organizado que han sembrado el terror en el estado, pero, sobre todo, por sus acciones a favor de la reconciliación y la solución pacífica de los conflictos entre los pueblos de los Altos y la Selva chiapaneca.

El padre Marcelo fue un sacerdote de origen tzotzil; nacido en el poblado de Chichelalhó, del municipio de Larráinzar, tenía 50 años de edad; realizó sus estudios eclesiásticos cuando era obispo don Samuel Ruiz García y fue ordenado sacerdote el 16 de abril de 2002, por el ahora cardenal Felipe Arizmendi.

Inició su trabajo pastoral en Chenalhó, de donde eran originarios los indígenas tzotziles masacrados el 22 de diciembre de1997 en Acteal. Desde entonces denunció a los caciques que explotaban a los indígenas. Lo mismo hizo en las parroquias de Simojovel y Pantelhó. En la primera, entre otras acciones encabezó una marcha pacífica para denunciar la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas y drogas, una forma que utilizan los caciques de esos pueblos para mantener en paz a la población explotada.

Desde su trabajo en esos lugares recibió amenazas por parte de los caciques y de los grupos armados por apoyar a las víctimas de la violencia; demandaba el respeto para todos, justicia para los indígenas explotados; estuvo siempre al lado de las poblaciones desplazadas por la violencia, pero siempre promovió el diálogo entre las partes en conflicto.

En 2014, el padre Marcelo encabezó una peregrinación por 12 municipios del estado, incluyendo la capital Tuxtla Gutiérrez, para demandad de las autoridades una acción real y efectiva en contra del tráfico de drogas y la penetración de grupos del crimen organizado en las comunidades indígenas de Los Altos y la Selva. Al parecer, el entonces gobernador, el priista Manuel Velazco, no hizo mucho caso. Actualmente estaba a cargo de la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal.

Fue fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, integrado por indígenas tzotziles, tzeltales y ch’oles de 13 municipios pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal. Su trabajo pastoral siempre estuvo alejado de cualquier partido político y el motivo de su compromiso sacerdotal fue la construcción de una paz con justicia que él resumió en una ocasión con estas palabras: “seguiremos en la lucha de los pobres; es un mandato divino”.

Desde 2015, cuando estaba a cargo de la parroquia de Simojovel, la diócesis denunció las amenazas en su contra; su caso llegó hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos que ordenó al gobierno mexicano medidas cautelares para la protección del sacerdote. Al parecer, nada hizo ni el gobierno de entonces ni el de ahora. El sacerdote iba solo cuando fue ejecutado.

CHIAPAS, LOS OLVIDADOS

El asesinato del padre Marcelo no es un hecho aislado en Chiapas; forma parte de un estado de violencia que azota a ese estado del sureste desde hace varias décadas. Los pueblos de los Altos y la Selva siempre han padecido la opresión de los dueños de las tierras, caciques que han utilizado a la mano de obra como esclavos, pagándoles muchas veces un salario miserable y otras con bebidas alcohólicas. Contra esto luchó el obispo Samuel Ruiz y han luchado los agentes de pastoral: sacerdotes, diáconos, religiosas, catequistas y fieles católicos.

Cuando los pueblos fueron creando una conciencia de su situación de opresión, los terratenientes acudieron a la contratación de pistoleros o armaron grupos paramilitares, muchos con el consentimiento de las autoridades.

Sin embargo, con las caravanas migrantes han llegado también integrantes de bandas centroamericanas que han desestabilizado la frontera sur. Pero lo más grave es la penetración de cárteles que han llegado al estado con la intención de controlar política y socialmente al estado.

Hoy el estado vive la confrontación entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se disputan el control de la frontera sur y de las tres principales ciudades de la entidad: Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Sus acciones delictivas no se reducen al tráfico de drogas; se han diversificado, incluyen la extorsión a los migrantes y comerciantes, el control político de municipios y pueblos, el reclutamiento de jóvenes para engrosar las filas del cártel de Sinaloa y del CJNG.

Por su parte, los gobiernos estaban acostumbrados a solucionar los conflictos con dinero a las organizaciones confrontadas. Cuando en el gobierno de López Obrador se suprimieron los apoyos a través de organizaciones, éstas optaron por la delincuencia o las presiones violentas para que los beneficiarios no recibieran estos apoyos.

POLÍTICOS VESTIDOS DE GUINDA

Ante esta ola de violencia nos preguntamos: ¿dónde está el gobierno?

Es claro que esta situación de violencia, de la cual el padre Marcelo Pérez es una víctima más, refleja una ausencia de los gobiernos estatal y federal en la lucha contra una situación de inseguridad que, como he comentado, tiene muchas aristas pero que se ha agravado con la presencia del crimen organizado.

Por un lado, las acciones de la política de seguridad del gobierno federal no han sido suficientes en el estado de Chiapas; se han atendido estados como Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, pero las políticas para Chiapas no han sido ni suficientes y eficientes. Es en este estado en donde mejor se percibe la deuda de seguridad que dejó el gobierno anterior.

Sin embargo, más grave aún es la incapacidad de los gobiernos estatales del PRI, el PRD y MORENA. Esto lo explica con detalle el antropólogo Leonardo Toledo [La entrevista completa se puede consultar en: https://jacobinlat.com/2024/03/la-violencia-se-apodera-de-chiapas/].

En Chiapas, señala Toledo, no existe una izquierda como tal; hay jóvenes de izquierda; pero los gobiernos del PRD y MORENA se han integrado por los viejos políticos que antes fueron del PRI. “Este cambio de máscara les resulta muy fácil. Cuando el PRI estaba en el poder, todos eran del PRI, independientemente de su ideología. Y cuando cambió al PRD, todos se fueron al PRD. Lo mismo pasó con los llamados Verdes. Ahora todos están en Morena”.

La muerte del padre Marcelo Pérez debe ser no una llamada sino un grito de alerta para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para el nuevo gobernante de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar; EL ESTADO ES UN FOCO ROJO QUE, SI NO SE ATIENDE, LA VIOLENCIA PUEDE EXTENDERSE A TODO EL SURESTE MEXICANO.