por: Forma y Poder –
Constituciones federal y estatal no contemplan ese tipo de castigos
La propuesta del gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier de aplicar castración química a violadores en la entidad, podría no ser tan descabellada en un país en el que la violencia sexual reina con prácticamente total impunidad pero, en la práctica es difícil que se pueda llevar a cabo.
De acuerdo con datos de una investigación del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, en 2021 se violentó sexualmente en México (desde acoso hasta violaciones) a 1.7 millones de personas, en promedio cuatro mil 658 al día, o 194 por hora.
De esta cifra, sólo 10 mil 807 personas pisaron la cárcel señaladas por delitos contra la libertad y seguridad sexual, es decir, 0.63 por ciento, lo que da una idea precisa de lo que sucede con este tema en el país.
Pero pese a cifras tan duras, la idea podría no llegar a concretarse, ya que, de entrada la Constitución Política del país señala en su artículo 22: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Por tanto, los códigos penales, federal y estatal, solamente contemplan penas de cárcel y multas para quienes cometan delitos sexuales, toda vez que la castración puede interpretarse como mutilación.
En el caso específico de Puebla, el Código Penal habla de penas de prisión de diez a treinta años y multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, es decir, de cinco mil 428 a 54 mil 280 pesos, aproximadamente.
La castración se define como la técnica quirúrgica destinada a retirar los órganos sexuales, en hombres o en mujeres. La adición de la palabra química implica que no es una mutilación o destrucción física de los genitales, sino un procedimiento médico reversible y temporal que consiste en la administración de sustancias hormonales para disminuir los niveles de testosterona y controlar los impulsos sexuales.
Y es que, de hecho la propuesta no es nueva. El mismo Armenta Mier la presento en su papel de Senador en julio de 2021, como iniciativa con proyecto de reforma al artículo 209 bis del Código Penal Federal, para solicitar que quien, aprovechándose de su superioridad, confianza o subordinación ejecute, obligue, induzca o convenza a un menor de 18 años a cometer un acto sexual, con o sin consentimiento.
La pena para quien cometiera tales actos iría de 15 a 30 años de prisión y la iniciativa también incluía que si el abusado es menor de 10 años, la pena se incrementaría en 50 por ciento. La multa incluso llegaría a 10 mil días de salario, es decir, unos 2.5 millones de pesos.
La iniciativa establecía también el que los abusadores serían sujetos de manera obligatoria a tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico, revisiones periódicas con especialistas y, si se sometieran a tratamiento médico para la inhibición del deseo sexual y psiquiátrico para la pedofilia, tendrían el beneficio de pasar el 20 por ciento de su pena en libertad condicional.
La propuesta no prosperó y, pese a ello, en marzo de este año, la entonces diputada federal por Nuevo León, Karina Barrón Perales, del PRI, presentó una iniciativa similar, en la que pedía castración química de por vida, 20 años de prisión y hasta mil 500 días de multa (373 mil 395 pesos) a violentadores sexuales de menores.
Cabe mencionar que, según la iniciativa presentada por Barrón Perales, la castración química se aplica –contra violadores de menores- en Indonesia, Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia y Corea del Sur, así como en los estados estadounidenses de Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregón, Texas y Wisconsin.
Karina Barrón, sin embargo, se enfocó en violencia sexual contra menores, por lo que la idea del próximo gobernador poblano es más amplia, ya que habla de violencia sexual sin distinguir rango de edad de las víctimas.
Por ahora lo dicho por Alejandro Armenta es sólo una idea, y aunque llegara a presentarla ante el Congreso una vez inicien sus labores como gobernador poblano, es poco factible que se haga realidad, pues hay que considerar también que en México la justicia no siempre castiga a los verdaderos culpables de los delitos.
La polémica está en la mesa, ya que si bien la castración química podría interpretarse como mutilación, sólo se aplicaría a quienes lo aceptaran como forma de reducir su tiempo en prisión, y no es definitiva, ya que sólo se da mientras se apliquien los medicamentos que la generan, por lo que habrá que esperar a ver qué sucede una vez que el nuevo gobierno estatal entre en funciones y la respuesta que tendría la iniciativa, que podría conllevar una reforma a la Constitución Política estatal.
