Por: Forma y Poder –
La acusan, junto con otras 10 personas, del mayor delito medioambiental en el país escandinavo
El mayor delito medioambiental en su historia sacude a Suecia, país ubicado al norte de Europa, considerado entre los más ricos del planeta y con una calidad de vida que en otras naciones es un sueño muy lejano.
Bella Nilsson, quien se autodenominó “la reina de la basura”, enfrenta un juicio, junto con otras 10 personas, señaladas por “delito medioambiental agravado”
Lo anterior tras descubrirse que ilegalmente arrojaron poco más de 200 mil toneladas de desechos en un lapso de 5 años, entre 2015 y 2020, en 21 puntos del país.
Nilsson, quien cambió su nombre a Fariba Vancor, presidía la empresa de gestión de residuos NMT Think Pink, que repartía unas características bolsas rosas para que la gente pusiera su basura, misma que la compañía supuestamente separaba y disponía de ella según la legislación ambiental nacional, pero no era así.
De hecho, entre 2018 y 2020, en los considerados mejores años de la empresa, era común ver las bolsas rosas de la empresa que ofrecía reciclaje y eliminación de residuos a bajo precio. La contrataban particulares, municipios y empresas de todo tipo para que gestionara metales, aparatos electrónicos, materiales de construcción, madera, plásticos, juguetes y neumáticos.
Los fiscales acusan que el manejo de los desechos no se hizo correctamente, lo que causó la liberación de sustancias químicas cancerígenas, mercurio, arsénico y plomo, que contaminan severamente tierra, agua y aire.
En ciudades como Botkyrka, al sur de la capital sueca, y Kagghamra, sufren las consecuencias de la contaminación generada por los residuos. En Kagghamra la gente debió encerrarse en sus casas tras un incendio en la basura tirada de forma ilegal.
En total, municipios suecos exigen 23 millones de euros como reparación por los daños causados; tan solo Botkyrka exige 11 millones de euros como indemnización por los gastos realizados para retirar la basura.
Una de las pruebas de la fiscalía fue el incendio espontáneo que duró dos meses, en una reserva natural, lo que puso en riesgo la «salud de los humanos, los animales y las plantas”, toda vez que la empresa, declarada en quiebra desde 2020 tras la detención de Nilsson, «no tenía intención ni capacidad para manejar -los desechos- de acuerdo con la legislación ambiental».
Los fiscales indicaron que sólo la investigación preliminar consta de 45 mil páginas, además de que los acusados falsificaron documentos para engañar a sus clientes y a las autoridades y con ello ganar dinero de manera fraudulenta.
Reconocieron que tal vez haya sitios que no se investigaron, pero confían en que los 21 puntos detectados sean prueba suficiente para castigar a los presuntos responsables.
La fiscal Linda Schon enfatizó que serán “las próximas generaciones las que pagarán por este crimen«, ya que el daño que se verá en generaciones, sólo se puede tratar de adivinar.
En tanto, los 11 acusados aseguran que no cometieron ningún delito; incluso Nilsson aseguró haber actuado siempre conforme a la ley.
Otro de los acusados, su ex esposo Thomas Nilsson, dijo que cuando ocurrieron los delitos él no era responsable de la empresa, ya que manejó la Dirección Ejecutiva hasta antes de 2015.
